Gestión ambiental

I. Planteamiento del problema

El Perú cuenta con el 70% de la biodiversidad del planeta y cerca del 60% de su territorio está conformado por bosques. Al mismo tiempo, es hogar de una gran diversidad cultural representada por poblaciones indígenas en costa, sierra y selva que mantienen costumbres, formas de organización y gestión del territorio ancestrales.

Al mismo tiempo, el Perú es un país con poblaciones y ecosistemas altamente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, vulnerabilidad derivada de diversos factores como la pobreza, la baja articulación institucional, debilidades en la gobernanza del desarrollo, una base productiva afectada por factores climáticos, etc.[1]

Organizaciones como el Banco Mundial (2017) señalan que el marco regulatorio ambiental del Perú “carece de estándares ambientales apropiados; un monitoreo amplio y sistemático; coordinación y planificación entre las instituciones a cargo de monitorear actividades y suficientes canales de participación pública, incluida la provisión de información y espacios para el monitoreo por parte de la sociedad civil[2].

En realidad, varios años antes del informe del Banco Mundial, diversas organizaciones de la sociedad civil, como Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), venimos alertando lo que consideramos como el paulatino debilitamiento de la frágil institucionalidad ambiental que se implementó en el país desde el 2009, con la creación del Ministerio del Ambiente.

Desde el 2013, con el objetivo de promover la inversión y agilizar procesos, se han emitido en el Perú reformas regulatorias que han debilitado la gestión ambiental. El Cuadro N° 01 señala algunos de los cambios acontecidos desde el 2013.

En parte determinado por lo antes expuesto, persiste la ocurrencia de conflictos sociales, los que según la Defensoría del Pueblo ascendieron a 169 a fines del 2017, siendo el 71% de ellos de carácter socio ambiental[3]. La pérdida de vidas de defensores ambientales (Edwin Chota y otros tres comuneros asháninkas de Ucayali en el 2014, o José Napoleón Tarrillo de la Reserva de Chaparrí en Lambayeque en el 2018) junto con el creciente hostigamiento de otros defensores en diversas zonas del país, es también otro fenómeno de ocurrencia reciente.

1

Finalmente, nos parece pertinente incluir algunas de las recomendaciones y observaciones más importantes realizadas por la OCDE al marco regulatorio e institucional ambiental del Perú[4]. El Cuadro N° 02 resume algunas de las principales recomendaciones y opiniones.

Es importante resaltar que la OCDE recomienda fortalecer la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés), fortalecer el rol de los GORES en la fiscalización ambiental minera, ampliar las Evaluaciones Estratégicas a la política energética y a los planes de transporte, mejorar los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública en las municipalidades provinciales y distritales, y fortalecer los espacios de coordinación institucional, así como delimitar claramente sus funciones, para resolver la grave incertidumbre jurídica que rodea a los procesos de ordenamiento territorial.

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II. Marco Normativo

La Constitución Política del Perú: En su Art. 2.22 establece que toda persona tiene derecho “a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. Asimismo, en su Capítulo II, Art. 68 se establece que el Estado “está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas”.

Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales: Los Gobiernos Regionales (GORES), según el Art. 08 de la referida ley, tienen como uno de sus principios rectores de las políticas y la gestión regional a la Sostenibilidad expresada en los siguientes términos: “La gestión regional se caracteriza por la búsqueda del equilibrio intergeneracional en el uso racional de los recursos naturales para lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del medio ambiente y la protección de la biodiversidad”. En su

Art. 53, se definen las principales funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial.

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: Según su Art. X, una de las funciones rectoras de las municipalidades es la promoción de la sostenibilidad en el marco de la Promoción del Desarrollo Integral. Asimismo, considera que el Consejo Municipal tiene como atribución “Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y regional” (Art. 9.7), así como “Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo así como sobre protección y conservación del ambiente” (Art.73.b), entre otras atribuciones.

Ley 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental: En su Art. 22.2, establece que los GOREs “deben implementar el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con las Comisiones Ambientales Regionales y el CONAM, sobre la base de los órganos que desempeñan diversas funciones ambientales en el Gobierno Regional”. Su Art. 24.2 establece que los gobiernos locales o municipales “deben implementar el sistema local de gestión ambiental, sobre la base de los órganos que desempeñan diversas funciones ambientales que atraviesan el Gobierno Local y con la participación de la sociedad civil”. Asimismo tiene disposiciones específicas sobre las Comisiones Ambientales Regionales (Art. 23) y las Comisiones Ambientales Municipales (Art. 25).

LEY N° 28611, Ley General del Ambiente: Entre otras disposiciones, establece en su Art. 22.3 que “Los gobiernos regionales y locales coordinan sus políticas de ordenamiento territorial, entre sí y con el gobierno nacional, considerando las propuestas que al respecto formule la sociedad civil”. Asimismo en su Art. 61 establece que “Los gobiernos regionales, a través de sus Gerencias de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, y en coordinación con las Comisiones Ambientales Regionales y la Autoridad Ambiental Nacional, implementan un Sistema Regional de Gestión Ambiental, integrando a las entidades públicas y privadas que desempeñan funciones ambientales o que inciden sobre la calidad del medio ambiente, así como a la sociedad civil, en el ámbito de actuación del gobierno regional”.

 LEY Nº 30754, Ley Marco Sobre Cambio Climático: En su Art.05 menciona que los gobiernos regionales y locales son también “autoridades competentes en materia de cambio climático y, como tal, promueven, coordinan, articulan, implementan, monitorean y evalúan la gestión integral del cambio climático en el ámbito de sus jurisdicciones, y emiten la normativa correspondiente en el ámbito de sus competencias y funciones”.

LEY N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: En su Art. 03.1 establece que “Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por el Artículo 15 de la presente Ley”, en virtud de lo cual, en su Art. 03.3 indica que “El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad”.

Otros documentos y normas:

  • Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM Estándares Nacionales de Calidad del Aire
  • Decreto Supremo  N° 004-2017-MINAM Estándares Nacionales de Calidad del Agua
  • Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM Estándares Nacionales de Calidad del Suelo
  • Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM Estándares Nacionales de Calidad de Ruido
  • Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
  • Manual de competencias en fiscalización ambiental para gobiernos regionales” OEFA, 2015
  • Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (y modificatorias)
  • Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas

III. Buenas Prácticas

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para la elaboración del Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) de Loreto: La EAE es una herramienta preventiva de gestión ambiental que fortalece los procesos de planificación y gestión pública, necesaria para interiorizar el componente ambiental en los planes de desarrollo de los gobiernos regionales. En su PDRC al 2021 publicado el 2016, Loreto se convirtió en la primera región del país en realizar una EAE[5].

Vigilancia ambiental indígena: La vigilancia indígena de actividades extractivas e infraestructura, realizadas en sus territorios o cuyos impactos son observados en éstos, es una herramienta esencial para la fiscalización y participación en decisiones que tienen que ver con su desarrollo y el respeto de derechos humanos. Del 2015 al 2017 se realizó un proyecto que buscó fortalecer organizaciones indígenas en Loreto, Ucayali, Cusco y Junín, para efectos de las acciones de vigilancia, así como lograr ser reconocidas por los gobiernos locales y regionales, lo cual se materializó en ordenanzas regionales[6]. Un logro adicional fue el reconocimiento de la vigilancia indígena en el Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Campesinas de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (DS N° 021-2015-MINAGRI). 

Sistema de Estimación de Gases de Efecto Invernadero SEEG: Iniciativa creada en Brasil y que ya ha sido impulsada en Perú por instituciones de la sociedad civil y académica[7]. SEEG Perú genera estimaciones de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional y regional (la primera región en contar con esta estimación fue Loreto). Esta información es almacenada en una plataforma digital que permite conocer el volumen de GEI que emite el país a nivel general y por sectores, así como contar con información que permita identificar estrategias de reducción de emisiones en el largo plazo.

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas: Es una alianza internacional conformada por 51 países que reúne a gobiernos, empresas extractivas (minería, petróleo y gas) y sociedad civil para transparentar los pagos que hacen las empresas a los gobiernos, con el fin de verificar una adecuada rendición de cuentas y que los recursos obtenidos por la actividad extractiva fomenten el desarrollo de los países miembros. Moquegua y Piura ya han implementado esta iniciativa y se cuenta con informes regionales[8].

Portales de Transparencia: Existen diversas normas publicadas por la PCM para regular el acceso a la información y la información publicada en los portales de las entidades públicas como lineamientos para la implementación de Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública y Línea.

Sistemas Regionales de Conservación: Los  sistemas regionales de conservación, tienen como objetivo mantener la integridad y funcionalidad de los ecosistemas mediante la gestión integral de las diferentes herramientas de conservación in situ de la diversidad biológica existentes, y en el marco de una visión conjunta de desarrollo regional. Actualmente, en el país se cuenta con trece (13) Sistemas Regionales de Conservación y en cuya gestión se integran las autoridades regionales, poblaciones locales, instituciones privadas y el SERNANP, cada uno con un rol propio, con la finalidad de garantizar una gestión eficiente para la conservación de la diversidad biológica representativa existente en cada región

Recientemente, en febrero del 2018, el Consejo Regional de Loreto ha reconocido con una ordenanza al Sistema Regional de Conservación de la Diversidad de Loreto, iniciativa de gestión participativa para la conservación.

Infraestructura de Datos Espaciales Regionales (IDER): La Infraestructura de Datos Espaciales del Perú es una red de servicios interoperables de información territorial que son administrados por entidades públicas que producen la información con el fin de brindar acceso a estos datos de manera libre por internet con un mínimo de protocolos y con un simple navegador. De esta manera, los gobiernos regionales incorporan información temática respecto a hidrografía, relieve, transporte, actividades económicas, entre otros. Además, el uso de las nuevas tecnologías de información por parte de las instituciones es fundamental para mejorar la eficiencia de la gestión pública en lo ambiental. El Gobierno regional de Loreto, es una región pionera en este tema y ha sido seleccionado como una Buena Prácticas en la Gestión Pública en dos oportunidades.

 IV. Propuestas

El mejoramiento de los estándares sobre transparencia de asuntos socio ambientales cobra importancia principalmente a nivel local y regional, debido a que existe una brecha en cuanto al acceso a la información y generación de conocimiento, lo cual dificulta a los ciudadanos tomar decisiones sobre los impactos, beneficios y riesgos, que ocasionan los proyectos de infraestructura y extracción de recursos naturales.

Debido a estas debilidades y vacíos, son los gobiernos locales y regionales los actores que deben cumplir el rol para fortalecer estos aspectos y generar proyectos sostenibles dentro de un marco de gobernanza.

En ese sentido para mejorar la transparencia de la gestión ambiental, se deben considerar diferentes aspectos que integran este sector, y que involucra a otros sectores institucionales para generar planes de gobierno integrales:

 Mejorar la relación entre los gobernantes y la ciudadanía.

  • Mejorar, renovar, e implementar canales de comunicación entre los representantes de los gobiernos regionales y la ciudadanía: Estas herramientas deberían servir para brindar información de los asuntos ambientales, además se deben caracterizar por ser de fácil acceso y uso, y, especialmente se deben adaptar a las necesidades de cada zona de las regiones. Asimismo, la implementación de mecanismos de información contribuye a que las personas estén actualizadas y preparadas sobre los proyectos de infraestructura y/o extracción de recursos ubicados en las zonas donde viven, de manera que se generen las capacidades para que tomen decisiones frente a los posibles impactos socio ambientales de determinados proyectos.
  • Implementación de mecanismos de rendición de cuentas para enfrentar la corrupción. Es necesario que se fortalezcan los espacios de participación ciudadana, tanto aquellas que desarrollan los pueblos indígenas como los no indígenas, en las cuales se presenten los avances y planes de los gobiernos regionales que involucran el bienestar y desarrollo de los ciudadanos, así como los avances de los ingresos y gastos del presupuesto anual designado para la conservación de recursos.

Educación y generación de capacidades para las decisiones sostenibles.

  • Generar espacios donde se fortalezcan y mejoren los conocimientos sobre los aspectos sociales y ambientales de los territorios, de manera que se disminuyan las brechas de educación de las zonas más vulnerables, como son los pueblos indígenas. Este desigual nivel de educación, es una de las causas de las desventajas de los pueblos indígenas frente a las empresas y el Estado, dentro de los espacios de negociaciones sobre determinados proyectos de extracción de recursos. Asimismo, estos espacios deben ser coordinados con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que tengan carácter oficial y cuenten con enfoques multiculturales y de género.
  • La inclusión de los saberes ancestrales en la preparación de los planes de gobierno: Los conocimientos que guardan los pueblos indígenas abarcan temas como el territorio, su organización y formas de vida, su relación con la naturaleza, entre otros aspectos claves para entenderlos y conocerlos. Por lo tanto, es necesario y justo integrar estos saberes dentro de los planes, programas y políticas de desarrollo de los gobiernos regionales y locales, de esta manera se sumaría a los esfuerzos por integrar a los pueblos indígenas dentro de las políticas nacionales, además que es una deuda histórica que tiene el Estado y que no termina de reparar.
  • Mejorar las capacidades del personal de los GORES y Gobiernos Locales sobre el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, de manera que tengan las condiciones para resolver las demandas (preguntas) de los ciudadanos antes la ausencia de instituciones ambientales. Si bien es cierto, las organizaciones ambientales son desconcentradas, el personal y las sedes asignadas aún no son suficientes para todo el territorio peruano, por lo que los GORES y Municipalidades pueden asumir el rol de informar sobre los aspectos básicos de las funciones y roles que cumplen las instituciones ambientales en las regiones.
  • Fortalecer los conocimientos del personal de los gobiernos locales, así como de los ciudadanos respectos a derechos humanos, en coordinación con las instituciones pertinentes como el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo. En vista de que el Perú se ha convertido en un lugar peligroso para los defensores ambientales, generando escenarios de violencia y posibles conflictos, es importante que los ciudadanos conozcan sus derechos y los ejerzan ante los riesgos que representan ciertas actividades ilegales o informales que hacen uso de sus recursos y amenazan sus territorios. En ese sentido, el conocimiento y ejercicio de sus derechos contribuiría en la prevención de los conflictos socio ambientales.
  • Fortalecer, mejorar y ampliar los programas de vigilancia indígena en los gobiernos regionales y locales. Este programa, el cual es reconocido como una práctica, se desarrolla en sectores como la salud, educación, ambiente y seguridad, por lo que tienen un carácter integral, pues se desempeña en diferentes sectores que permiten a los pueblos indígenas informar sobre la situación de los servicios básicos de sus territorios.

Promoción del mejoramiento de la gestión ambiental

  • Promover la implementación de la zonificación ecológica económica (ZEE), la cual permite reconocer e identificar los aspectos biológico, social, económico y cultural, de los territorios y sea aprovechado de acuerdo con estas características. Entonces, es un instrumento técnico y orientador para la toma de decisiones y la gestión del territorio por sus autoridades, la sociedad civil y todo aquel ciudadano que necesite realizar alguna actividad en el territorio.
  • Promover y desarrollar herramientas ambientales como la Evaluación Ambiental Estratégica, la cual brinda un soporte sobre los aspectos ambientales a la gestión de los gobiernos locales y GORES, ya que permite conocer las potencialidades, características de los recursos naturales de los territorios, por lo que es una herramienta que se suma para la difusión de información, y para el proceso de toma de decisiones. Además, la elaboración de la EAE tiene el carácter integral, pues su creación se realiza a través de procesos participativos de instituciones del Estado y de la ciudadanía, especialmente de los pueblos indígenas.
  • Promover los estudios coordinados con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) de las cuencas hidrográficas que integran las regiones, estos análisis permiten conocer el territorio desde em mapa hidrológico, creando información que sirve para diversificar las actividades económicas, tomar decisiones frente a la posibles actividades extractivas o de infraestructura que hace uso del recursos hídrico, o generan impactos en el mismo.
  • Integrar e implementar lo dispuesto en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, así como promover la implementación de la Ley de Cambio Climático. Las regiones del territorio peruano están siendo afectadas por los impactos del Cambio Climático, el cual tiene como causa las actividades realizadas por las personas, ya sean empresas o acciones individuales, que juntas generan grandes niveles de contaminación que deterioran y alteran el ciclo natural del ambiente. La Estrategia y la Ley de Cambio Climático, son un esfuerzo por equilibrar estas actividades dentro de los ecosistemas y que se desarrollen de manera sostenible. En ese sentido, las autoridades locales cobran un rol importante para implementar los lineamientos y ser promotores de cambios a nivel local.
  • Fortalecer las capacidades en cuanto a conocimientos sobre los impactos socios ambientales diferenciados a las mujeres. Este aspecto refuerza el enfoque de género, el cual es necesario para entender como las transformaciones de los ecosistemas afectan de distinta manera a las actividades y formas de vida de las mujeres. En ese sentido, se debería trabajar en coordinación con instituciones como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo, entre otras.

Energía y Recursos Naturales no renovables

  • Asegurar una matriz energética regional diversificada[9], sostenible[10] y eficiente, priorizando las fuentes energéticas tomando en cuenta las potencialidades, contexto, la disponibilidad de los recursos energéticos y atendiendo las necesidades comunales, locales y regionales. Este proceso debe incorporar la generación de información y propuestas alternativas para una energía de menor impacto ambiental y social.
  • Garantizar la participación ciudadana con un enfoque intercultural en la planificación e implementación de la matriz energética regional.

Minería (en amazonía)

  • Garantizar y promover la intangibilidad del cauce antiguo[11] y actual de las cabeceras de cuenca y los cuerpos de agua de la red hidrográfica (incluyendo sus franjas marginales y llanuras de inundación).
  • Garantizar la formalización de la minería informal no aluvial, asegurando el uso de tecnologías limpias y el respeto a los derechos de la población local (bosques de arena blanca y otros).
  • Garantizar las condiciones para el cumplimiento del marco legal vigente para la formalización de actividades mineras no aluviales en el departamento. Las condiciones que se deben garantizar como mínimo es un presupuesto adecuado, personal capacitado, información y articulación entre los distintos niveles de gobierno.
  • Promover la creación de Comisiones Regionales de la Iniciativa por la transparencia de las industrias extractivas – EITI, como un espacio tripartito importante para promover la transparencia en el uso de los recursos energéticos y mineros, así como para promover la transparencia de la información socio ambiental.

Hidrocarburos

  • Asegurar y promover que las actividades de hidrocarburos que hayan sido consultadas y aceptadas por las poblaciones indígenas, se enmarquen en estándares socio-ambientales internacionales y en el ordenamiento territorial para garantizar la integridad de los ecosistemas (en especial los amazónicos en donde se encuentran la mayor cantidad de reservas hidrocarburíferas del país), que se respete y garantice el ejercicio de los derechos de la población local, los pueblos indígenas y en especial en aislamiento voluntario y contacto inicial.
  • Implementar e institucionalizar las buenas prácticas en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el ámbito regional y local, con la finalidad de minimizar los impactos socio-ambientales negativos.
  • Promover la creación de Comisiones Regionales de la Iniciativa por la transparencia de las industrias extractivas – EITI, como un espacio tripartito importante para promover la transparencia en el uso de los recursos energéticos y mineros, así como para promover la transparencia de la información socio ambiental.

Derecho a la Tierra y Territorio

  • Adecuar el marco jurídico al contexto regional así como promover la mejora del marco jurídico nacional teniendo en cuenta los estándares del derecho internacional.
  • Promover e implementar políticas públicas regionales adecuadas para el saneamiento físico y legal de las tierras y territorios para garantizar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos (comunidades nativas, campesinas-ribereñas y población ribereña), considerando los modos tradicionales de uso que realiza el poblador amazónico.
  • Promover la participación comprometida, activa y efectiva de la sociedad civil en espacios de diálogo permanente y consenso sobre el desarrollo regional para la construcción e implementación de la gobernanza del territorio en la Amazonía, conforme nuestra constitución, al convenio 169, la declaración de las nacionales unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la jurisprudencia vinculante.
  • Implementar el levantamiento de un catastro en las regionales centralizado, actualizado y automatizado que refleje la superposición de los derechos otorgados y en trámite y que se articule con el catastro nacional, así como con los proceso de Ordenamiento Territorial.
  • Fortalecer el ejercicio de real gobernanza para hacer frente a las amenazas e infracciones de terceros a través de la protección y defensa de los derechos de las comunidades y pueblos a sus tierras y territorios.
  • Instar que se establezcan Reservas Indígenas a favor de Población Indígena en Contacto inicial y aislamiento voluntario.

Conservación de Ecosistemas

  • Fortalecer a nivel regional los Sistemas Regionales y los Sistemas Locales de Gestión Ambiental para asegurar la conservación de los ecosistemas Amazónicos y el bienestar de la población.
  • Fortalecer la gestión de los Sistemas Regionales de Conservación a nivel nacional, regional y otros mecanismos de conservación que se desarrollen en las regiones, a través de la co-gestión de las poblaciones locales.
  • Fomentar la cultura del manejo de recursos naturales renovables para generar las condiciones que aseguren la distribución justa y equitativa de beneficios, la inclusión social y el comercio justo, que se derive del aprovechamiento de la diversidad biológica.
  • Promover la gestión y uso sostenible integral de los bienes y servicios de los ecosistemas[12]de acuerdo con los principios del enfoque ecosistémico del Convenio de Diversidad Biológica y un plan de ordenamiento territorial para el bienestar de la población y la conservación de los ecosistemas con énfasis en la amazonía.
  • Asegurar las condiciones que incentiven el desarrollo de la investigación para la protección, conservación y aprovechamiento de la diversidad biológica nativa, revalorando los conocimientos tradicionales de los pueblos amazónicos.
  • Impulsar la adopción de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático orientados a minimizar los actuales y potenciales impactos que podría ocasionar en la Amazonía.
  • Priorizar agendas regionales para la generación de una política forestal propositiva, eficaz y eficiente acorde con la realidad, para insertarla en la política nacional.

Conectividad e Infraestructura para el Desarrollo

  • Planificar participativamente de manera integral la conectividad e infraestructura para el desarrollo, respetando los derechos humanos e indígenas, así como incluyendo indicadores ambientales, y considerando el análisis de las necesidades, oportunidades, impactos y condiciones del entorno de las provincias, distritos y comunidades, así como las zonas fronterizas.
  • Promover Evaluacion Ambientales Estratégicas – EAE en los planes regionales de transporte, teniendo en cuenta la disminución de los impactos socioambientales.
  • Contribuir con la implementación de sistemas de transporte multimodal eficiente, que considere la existencia de flujos de personas, comercio de carga y mercancías, y una adecuada gestión ambiental.
  • Mejorar los sistemas de navegación fluvial dotando de seguridad a los usuarios, mediante la gestión eficiente del sector fluvial por parte de las autoridades correspondientes y con supervisión y vigilancia de la sociedad civil.
  • Impulsar la construcción y modernización de las infraestructuras de transporte (puertos, aeropuertos, embarcaderos, carreteras, terminales terrestres, vías férreas, aeródromos), con un enfoque de integración y multimodal orientado a mejorar significativamente las diversas actividades económicas y sociales, y respetando los estándares .
  • Incluir en todos los procesos de planificación en conectividad e infraestructura vial a todos los actores locales involucrados (pueblos indígenas, organizaciones representativas, comunidades campesinas y ribereñas, sector privado, entre otros), sobre todo la necesidad de efectivizar los procesos de consulta previa y participación ciudadana.

[1] “Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”. Ministerio del Ambiente, 2016

[2] “Peru. Systematic Country Diasgnostic”, Banco Mundial, Febrero del 2017

[3] “Reporte de Conflictos Sociales  N° 166”, Defensoría del Pueblo, Diciembre 2017

[4] “Evaluaciones del desempeño ambiental PERÚ. Aspectos destacados y recomendaciones 2016”, OCDE y CEPAL, 2016.

[5] DAR promovió, financió y asesoró al GORE Loreto para la elaboración del EAE de su PDRC. Se contó también con el involucramiento del Ministerio del Ambiente.

[6] http://www.dar.org.pe/noticias/culmina-proyecto-que-logro-por-primera-vez-el-reconocimiento-a-nivel-regional-de-la-vigilancia-indigena/

[7] DAR participó del lanzamiento de esta plataforma en Perú: http://pe.seeg.world/

[8] Aquí link a web de MEM sobre esta iniciativa: http://eitiperu.minem.gob.pe/ y aquí la información y reportes generados por DAR: http://www.dar.org.pe/category/eiti/

[9] Considera carbón, energía solar y otras fuentes de energía.

[10] El término sostenible es entendido en el ámbito ambiental, social y económico, así como permanente en el tiempo.

[11] En la Amazonía muchos ríos han cambiado de cauce a lo largo de los años.

[12] Bienes y Servicios Ambientales. Bien Ambiental: El agua, la madera, las sustancias medicinales, objetos que son producto de la naturaleza directamente valorados y aprovechados por el ser humano. Servicios Ambientales: son aquellas funciones de los ecosistemas que generan beneficios y bienestar para las personas y las comunidades (HUETING et al. 1998).

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