Embarazo adolescente

Embarazo Dolescente

1. Planteamiento del problema

La importancia de abordar el persistente incremento del embarazo adolescente se debe, entre otras cosas, a su impacto en la deserción escolar, en el menor desarrollo de capacidades y competencias de las mujeres para su inclusión el mundo del trabajo, en el cumplimiento de su proyecto de vida e igualdad de oportunidades y en el caso de las más jóvenes, en el impacto en su salud con complicaciones graves y permanentes e incluso la muerte materna.

Respecto a esto último, las niñas entre 10 y 14 años tienen 4 veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta (SIS 2016). De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, entre el 2014 y 2017, el promedio de las muertes maternas en menores de 19 años constituyó el 13,8% del total de los casos (MINSA 2017). Las principales causas directas de muerte materna fueron hipertensión (46%) y aborto (29%), y entre las causas indirectas destaca el suicidio (56%) (MINSA 2015).

Estadísticas de la Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud Familiar (Endes, 2017), señalan que, en el Perú, a diferencia de otros grupos de edad, la probabilidad de embarazarse sigue en incremento, pues solo en un año (entre 2016 y 2017), se ha pasado de 12.7% de adolescentes afectadas, a 14.4% y este es un fenómeno que se presenta tanto en zona urbana (de 9.8% a 11.8%), como rural (22.7% a 24%).

PERU: PROPORCION DE ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS MADRES O EMBARAZADAS, 2010-2017

(Porcentaje)
Ámbito 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nacional 13.3 12.5 13.2 13.9 14.5 12.6 12.4 14.4
Urbano 11.2 10.0 10.2 11.9 12.2 9.8 9.6 11.8
Rural 18.9 19.7 21.5 20.2 21.8 22.5 22.0 23.7
Fuente: INEI-ENDES 2010-2017
 Elaboración: MIDIS-DGSE

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Dentro de las regiones más afectadas por el incremento están Lima Metropolitana (De 6.2% a 12.2%), Moquegua (De 6.8 a 9.7%), Amazonas (De 19.9% a 26.2%), Cajamarca (De 16.7% a 22.1%), Ayacucho (De 14.6% a 17.5%), Arequipa (De 6.3% a 7.5%), Loreto (De 30.6% a 34.1%) y Huánuco (De 17.1% a 19.5%).  El siguiente gráfico muestra los porcentajes de adolescentes, 15 a 19 años, alguna vez embarazadas en el periodo 2010-2017[1] por regiones del país.

Así mismo, la tasa de embarazo en adolescentes tiene un comportamiento variable de acuerdo con criterios geográficos, nivel de pobreza y educación. Las adolescentes de la Amazonía peruana presentan las tasas más altas, 23.3%, seguidas por las que viven en la sierra 12.6%[2].

El embarazo en adolescentes es la primera causa de abandono escolar (48%)[3], muy por encima de la falta de dinero (17.5%) o el deseo de no estudiar (8%)[4]. Según cifras del Ministerio de Educación 8 de cada 10 niñas y adolescentes embarazadas abandonan la escuela (MINEDU 2015). Los mayores porcentajes de adolescentes que eran madres o que estaban embarazadas se presentan en las mujeres que tienen solo educación primaria (42,3%) (INEI 2016).

Un segundo aspecto a considerar, en el caso de las adolescentes más jóvenes (menores de 15 años) es la alta probabilidad de que el embarazo sea resultado de una relación sexual no consentida, sin información o de una violación sexual y ello genera, que sea también un embarazo no aceptado, con alto estigma que tiende a extenderse a los servicios de salud, originando que sean muchas veces embarazos que se desarrollen sin ningún control de salud, por ende, muy expuestos a complicaciones, así como a abortos inseguros[5].

En la última década en nuestro país, la cifra de madres menores de 15 años pasó de 936 casos en el 2005 a 1702 casos en el 2016 (RENIEC 2016), lo que significa que, en promedio, cada día se registran 4 nacimientos de madres menores de 15 años. Durante el 2016 se registraron 1702 partos de niñas menores de 15 años y el 70% de los padres de estos embarazos tenían entre 18 y 29 años, por lo cual se consideran violaciones sexuales (RENIEC 2016).  De acuerdo con la información de los partos atendidos por el Sistema Integral de Salud de niñas y adolescentes menores de 17 años (SIS 2016), las regiones como mayor recurrencia son: Lima (5130), Loreto (1722), Piura (1232), Arequipa (652) y Madre de Dios (177). En documento publicado por PROMSEX en 2018 sobre el Examen Periódico Universal, se señala que durante el año 2016 se registraron 85 partos en niñas menores de 11 años y 26 404 partos en adolescentes entre 12 y 17 años[6].

El embarazo en adolescentes y pobreza

El embarazo temprano, perpetúa el ciclo de pobreza de las mas vulnerables. En el año 2016, la pobreza afectó al 29,6% de las niñas/os de 10 a 14 años y al 22,4% de las/los adolescentes de 15 a 19 años (INEI 2017), para aquellas que viven en áreas rurales del país, más del 50% de niñas/os menores de 15 años son pobres (INEI 2017). El 23,9% de adolescentes que eran madres o estaban embarazadas se encuentran en el quintil inferior de pobreza (INEI 2016).

En un estudio reciente sobre el costo económico del embarazo en niñas y adolescentes realizado en El Salvador (UNFPA, 2016)[7], se ha demostrado que la proporción de la población económicamente activa (PEA), se reduce con el nivel de escolaridad. Según este estudio, en mujeres con muy pocos o pocos años de escolaridad (menor de 9 años) su proporción en la PEA será menos del 39%, mientras que las mujeres hasta con 17 años de escolaridad, su contribución alcanzará al 70%. Las mujeres cuyo proyecto de vida no se ha visto interrumpido por el embarazo temprano, tendrá el 99% más de ingresos que aquellas que han tenido que dejar la escuela. Estas pérdidas también han podido estimarse con relación a lo que el Estado ha dejado de percibir en términos de impuestos, pues por cada dólar invertido por el Estado salvadoreño en niñas y adolescentes que experimentaron una maternidad temprana hay una rentabilidad de la inversión pública de solo $0,40 centavos de dólar, pero si estas niñas y adolescentes hubiesen postergado su maternidad después de los 19 años o hasta los 24 años en adelante, tendrían una rentabilidad de $0,70 y $1,4 dólares.

Marco normativo

La ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su art. 4° señala que “los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”.

En el Perú durante los últimos años se han desarrollado una serie de planes que establecen prioridades de política pública especialmente dirigido la población adolescente, siendo las principales:

  • Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 (PNAIA 2021), en el cual se establece una serie políticas públicas orientadas a la protección y el ejercicio de derechos de adolescentes entre los 12 a 17 años[8]. El PNAIA establece cuatro objetivos, uno de los cuales considera “Consolidar el crecimiento y desarrollo integral de las y los adolescentes de 12 a 17 años” y cuyo resultado esperado que “Las y los adolescentes postergan su maternidad y paternidad hasta alcanzar la edad adulta”.
  • Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021 (Decreto Supremo N° 012-2013-SA), en el que se propone, desde distintas instancias tanto del sector público y sociedad civil, establecer acciones para prevenir y disminuir el embarazo en adolescentes. Dado que este plan recoge una perspectiva multicausal del problema, se establece tanto a nivel sectorial como territorial, distintos niveles de responsabilidades que involucran principalmente al Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y Ministerio de Salud. En el nivel regional establece también acciones que corresponden a gobiernos regionales (Gerencia de Desarrollo Social), direcciones regionales de educación, direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo y direcciones regionales de salud. En el ámbito local, sus acciones alcanzan a los gobiernos provinciales y distritales a través de la Gerencia Social, las redes de salud, las unidades de gestión educativa local. Igualmente, las organizaciones de la sociedad civil incluyendo redes y organizaciones de adolescentes y jóvenes, asociaciones de padres y madres de familia y organizaciones de base comunitaria, también tienen un rol, enmarcadas en las 12 Líneas de Acción Estratégica que han sido priorizadas para esta política, que incluye:
  1. Entorno familiar, escolar y comunitario favorable para el desarrollo integral del adolescente
  2. Espacios de recreación y buen uso del tiempo libre para su desarrollo integral
  3. Permanencia, acceso y conclusión de la educación básica en mujeres y varones
  4. Programa de Educación Sexual Integral de Calidad para la Educación Básica Regular.
  5. Acceso a servicios de atención integral con énfasis en salud sexual y reproductiva.
  6. Orientación/consejería en salud sexual y reproductiva y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes sexualmente activas/os y madres adolescentes.
  7. Redes de protección y apoyo social con participación comunitaria
  8. Empoderamiento y participación adolescente y joven.
  9. Orientación vocacional y empleabilidad juvenil.
  10. Comunicación social en la prevención del embarazo adolescente.
  11. Alianzas estratégicas multisectoriales
  12. Monitoreo, supervisión, evaluación e investigación operativa.

El Plan desarrolla, en el marco de cada una de estas líneas estratégicas, 81 acciones, cada una basada en evidencias y factibles de realizarse y de cumplirse, contar con voluntad política y hacer uso adecuado de los recursos, podrían permitir cambios sustantivos en los indicadores negativos que hoy se tiene.

  • Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, Ley N.° 28983.

La Ley N° 28983 busca “establecer el marco normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bien­estar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida pública y privada, propen­diendo a la plena igualdad”.

La ley de igualdad de oportunidades, LIO, indica que los gobiernos regionales deben adoptar políticas, planes y programas de manera transversal en trece lineamientos. Para el tema que nos ocupa estos son:

  1. Garantizar el derecho a la salud: en cuanto a la disponibilidad, calidad, aceptabilidad y accesibilidad a los servicios, con especial énfasis en la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención del embarazo adolescente, y en particular el derecho a la maternidad segura.
  2. Promover el desarrollo pleno y equitativo de todos los niños, niñas y adolescentes, asegurándoles una educación sexual integral con calidad científica y ética.
  • Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo (Ley N° 29600), que propone; adecuar la prestación de servicios educativos, a las necesidades de menores que trabajan, alumnas embarazadas o madres, así como establecer sistemas de ayudas y becas a fin de garantizar la continuidad de los estudios en adolescentes embarazadas, siempre y cuando destaquen en su rendimiento académico y no cuenten con recursos para ello.
  • El Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017.

La implementación de la Ley de Igualdad de Oportunidades requiere un instrumento intersectorial y multisectorial para su gestión. El PLANIG establece ocho objetivos para los cuales establece metas e indicadores. Como primer objetivo se establece la promoción de la transversalización de género en los tres niveles de gobierno para la cual se espera como resultado la publicación de Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades.

El objetivo 4 “mejorar la salud de las mujeres y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres”, tiene como primer resultado, que corresponde al MINSA y gobiernos regionales, que los servicios de salud diferenciados para adolescentes hombres y mujeres contribuyan con la reducción del embarazo adolescente.

Buenas prácticas

En los últimos 30 años, particularmente después de la IV Conferencia de Población y Desarrollo (1994), muchos países e instituciones han desarrollado una serie de intervenciones que hoy permiten señalar resultados específicos tanto en el campo de la prevención, como atención del embarazo en adolescentes, así como en la reducción de sus impactos negativos.

Muchas de estas prácticas están ampliamente reconocidas y han permitido modificar sustancialmente las condiciones de vulnerabilidad, generando mecanismos reales en el ejercicio de derechos humanos, particularmente de derechos sexuales y reproductivos, y, sobre todo, asegurando el desarrollo sostenible.

Sin embargo, a pesar del éxito de estas intervenciones, de contar con evidencia y de estar enmarcadas tanto en la normativa internacional, como nacional, estas se desestiman y no necesariamente por razones económicas, sino también por desinformación, prejuicios, confusión y el temor que aun genera en muchos la sexualidad y la igualdad de género.

En este sentido, es muy importante que la política pública no solo se concrete en acciones, sino que estás sean sistematizadas, aseguren resultados factibles de ser monitoreados y sean evaluados en su impacto, pero tanto como eso, es que las intervenciones respondan a las necesidades y preocupaciones de los y las adolescentes y que incluyan activamente su participación en todas las fases del proceso.

Algunos ejemplos de buenas prácticas que se han identificado:

“Reducir embarazo adolescente a corto plazo” Teen Outreach Program (EE.UU.) [9]

Este programa permitió a los 9 meses reportar una reducción del embarazo en adolescentes entre 12 y 18 años y modificar algunos comportamientos de riesgo, que incluían el abandono escolar.

Esta intervención consideró los siguientes componentes:

  • Servicios supervisados de voluntarios de la comunidad.
  • Discusiones en clase sobre experiencias, discusiones y actividades en temas sociales y de desarrollo.
  • Capacitaciones a los docentes.

El Programa estuvo dirigido a estudiantes con comportamientos de riesgo, problemas académicos, grupos multiétnicos, madres adolescentes y que viven en áreas rurales, urbanas y periurbanas e incluyó actividades fuera de la escuela, como dentro de la misma.

Fuera de la Escuela: Se desarrollaron talleres de un total de 20 horas distribuidos a lo largo de 9 meses y estos se daban en un servicio de aprendizaje comunitario o de encuentro de jóvenes.

Dentro de la Escuela; se incluyeron discusiones en el aula, promovidas por Profesores, personal de guía, o trabajadores jóvenes, que fueron previamente entrenados, No se requirió personal altamente cualificado.

En la evaluación se logró identificar mejoras en la Comunicación, asertividad, relaciones igualitarias y mejoras en la capacidad de decisión y se pudo comprobar que la Guía de Educación podía ser incorporada dentro de las actividades curriculares regulares.

“SserR Jóvenes; Ayudando a Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva de las y los jóvenes rurales y periurbanos del Perú” del Movimiento Manuela Ramos[10]

Proyecto implementado en 20 distritos de cuatro regiones del Perú: Ayacucho, Huancavelica, Ucayali y Lima. El proyecto tuvo 4 años de duración y el objetivo fue que las y los adolescentes y jóvenes de zonas rurales y periurbanas ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos como parte de su ejercicio ciudadano.

Se impulsaron iniciativas locales para implementar y mejorar la promoción y atención de la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes y jóvenes. Se elaboraron diagnósticos participativos (autodiagnósticos) a fin de recoger sus propias visiones, necesidades y propuestas.

Se realizaron talleres de capacitación en salud sexual y reproductiva, enfoque de género, con perspectiva intercultural, dirigido a promotoras y promotores juveniles, profesores y personal de salud, así como adolescentes y jóvenes divididos entre 3 grupos etarios; de 10 a 14, 15 a 19 y 20 a 24 años, enfocándose en zonas de mayor pobreza.

A través de los autodiagnósticos, se logró identificara como principales problemas a) el embarazo temprano, el abandono por parte de la pareja, la falta de apoyo y aislamiento, hijos no reconocidos por sus padres. b) falta de información sobre sexo y sexualidad, vergüenza y poca comunicación con sus padres, la falta de conocimiento sobre métodos anticonceptivos y las dificultades de acceso a los servicios de salud, c) La violencia familiar y la violencia sexual.

El proyecto también promovió la organización de los y las adolescentes y la planeación local, quienes en alianza con el personal de salud y los/as profesoras propusieron iniciativas comunitarias para el desarrollo de actividades que permitan extender o aplicar lo aprendido, para lo cual, dispusieron de ciertos fondos, que, dependiendo su dimensión, podía alcanzar hasta un monto máximo de $5,000 dólares.

La iniciativa incluyó el desarrollo de encuentros de promotores y líderes, tanto a nivel local como regional.

La Casa de la Juventud “lata” (Laboratorio de Arte y Trabajo Alternativo)

Se trata de un espacio recuperado de recreación y convivencia concebido por los propios adolescentes y jóvenes, tanto en su diseño como en implementación. Tuvo como objetivo contrarrestar los efectos de los índices delictivos, adicciones y desempleo juvenil en una comunidad en México (Delegación Iztacalco), creando un espacio donde convergen las artes, los oficios y tecnologías. La finalidad era el de desarrollar las habilidades artísticas de adolescentes y jóvenes. En este espacio se brindan talleres de arte, oficios y tecnologías y se ejecutan proyectos de comunicación. La Casa lata se instaló en una sala de cine abandonada que pertenecía a la Delegación Iztacalco.

El nombre Casa lata fue elegido a través de una convocatoria abierta a toda la comunidad, lo que permitió dar a conocer la iniciativa a la población. Los talleres se imparten de manera gratuita y por módulos, cada uno con una duración de tres meses. Los contenidos fueron definidos a través de consultas con los mismos jóvenes e incluyen; periodismo comunitario, apreciación cinematográfica, arte urbano, guitarra, piano, break dance, teatro, pintura contemporánea, joyería, radio, fotografía digital, ballet, reciclaje artesanal, etc.

En este espacio también se organizan conciertos y eventos como una manera de animar a los jóvenes y adolescentes, ofreciéndose a su vez como un espacio de convivencia y socialización. la Casa lata está decorada con grafitis hechos por las y los jóvenes de la misma comunidad, como una forma de expresión y de experimentación artística.

La Casa está administrada por la Jefatura de Unidad Departamental de Jóvenes de la Delegación Iztacalco, cuya función es coordinar las acciones y operar la Casa lata; Organizar los talleres, identificar profesores y talleristas adecuados, así como los eventos.

La Jefatura asigna el mayor porcentaje del presupuesto de operación, el mismo que se complementa con recursos de otros mecanismos de colaboración. La Casa también convoca artistas relacionados con las temáticas de los talleres. Los adolescentes y jóvenes ofrecen trabajo voluntario para operar acciones de seguridad y logística durante los eventos o bien gestionan proyectos específicos para el espacio público.

Propuestas

 1. Inclusión de la educación sexual en la escuela

Las habilidades que brinda la escuela a las y los adolescentes y jóvenes deben incluir la educación sexual integral y afectiva bajo el enfoque de género y no discriminación por orientación sexual; empoderarles en el conocimiento y manejo de sus derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido los gobiernos locales y regionales pueden establecer programas de fortalecimiento de capacidades para docentes y escuelas de padres; elaboración de materiales de apoyo y generación de espacios para su difusión.

2. Articulación entre los servicios de salud sexual y reproductiva y la escuela.

La escuela puede funcionar como el centro de la comunicad y posibilitar una serie de relaciones importantes. En ese sentido los servicios de salud deben encontrar en la escuela un aliado para difundir sus servicios e informar a los jóvenes sobre su SSR. Así mismo en convenio con otras organizaciones es posible formar a los jóvenes como promotores que puedan fomentar una educación sexual entre pares.

3. Fortalecimiento de personas responsables y de cuidadores para prevenir la violencia sexual

Los gobiernos locales tienen contacto directo con una serie de actores en su territorio que pueden devenir en aliados para la prevención de violencia. Los contextos familiares deben ser un foco clave de atención para lo cual por medio de promotores sociales los gobiernos locales o regionales puede generar una seria de capacidades para la prevención de la violencia, seguimiento y asesoría en desarrollo. Así mismo las miembras de organizaciones sociales de base u otras organizaciones pueden ser capacitadas para la prevención, acompañamiento y vigilancia de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes

4. Programa de apoyo para reducir el abandono escolar de las adolescentes embarazadas y que tengan hijos

Los gobiernos regionales y locales pueden establecer programas que acompañen a las adolescentes embarazas y con hijos, que faciliten su inserción y garantizar la culminación. Ello puede incluir acompañamiento que procure orientar en postergar un segundo embarazo.

5. Erradicación de la violencia basada en género; Combatiendo el bullyng escolar

La educación sexual integral que debe brindarse en la escuela debe incluir el enfoque de igualdad de género y no discriminación por orientación sexual, lo cual significa garantizar a la escuela como un espacio libre de violencia y acoso escolar. Los gobiernos locales y regionales deben fortalecer las capacidades de los docentes para prevenir, identificar y sancionar el acoso escolar.

6. Incorporación en la Agenda Regional y local la prevención del embarazo en adolescentes

Es importante incorporar el tema de embarazo adolescente en la Agenda de la localidad, de la Región; para ello se requiere colocarlos en el Plan de Desarrollo Local Concertados, Formular Planes Regionales a la luz de los Planes Nacionales y promover en los procesos de presupuestos participativos la presentación de Proyectos Sociales, de Salud, que garanticen poder contar con recursos económicos.

 

[1] PERÚ: Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, 2017. Fuente: ENDES, INEI, febrero de 2018.

[2] Ibíd.

[3]http://escale.minedu.gob.pe/documents/10156/3415561/Edudatos+20+febrero+2016.pdf

[4] Ibíd.

[5] Mundos aparte. La salud y los derechos reproductivos en tiempos de desigualdad. UNFPA, Estado de la población mundial 2017.

[6] Carta N. º 08-2017-SIS/OGIIT del Seguro Integral de Salud del Ministerio de Salud. En respuesta a la solicitud de acceso a la información pública presentada por PROMSEX con fecha de24 de abril del presente año.

[7] Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) El costo económico del embarazo en niñas y adolescentes, El Salvador 2017.

[8] https://www.unicef.org/peru/spanish/PNAIA-2012-2021.pdf Una primera dificultad de abordaje a este problema son las divergencias en la definición del grupo adolescente por distintos organismos del estado peruano.

[9] BID, Salud Sexual y Reproductiva para Jóvenes. Revisión de Evidencia para la Prevención. 2012

[10] Ministerio de Salud, Como prevenir el embarazo en adolescentes, promoviendo el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. La respuesta de cuatro buenas prácticas peruanas.

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